El Proyecto de Ley 172 de 2024 —ya aprobado en primer debate por la Comisión Sexta del Senado— plantea modificar la Ley 142 de 1994, base normativa de agua, luz y gas durante más de 30 años. La iniciativa, respaldada por senadores de varios partidos, busca frenar cobros desproporcionados, hacer la facturación más transparente y ajustar los subsidios a realidades climáticas y regionales.
Subsidios y consumo de subsistencia se redefinen
- Se propone un nuevo rango para la energía eléctrica subsidiada según la altitud de la vivienda, con meta de 230 kWh mensuales en zonas cálidas después de tres años de transición.
- El objetivo es aliviar a los hogares con menor ingreso, especialmente en regiones como la Costa Caribe, donde las altas temperaturas disparan la demanda de aire acondicionado y, por tanto, las facturas.
Facturas claras y plazo real de pago
- Las empresas deberán entregar la factura al menos 15 días calendario antes de la fecha límite y garantizar 10 días adicionales antes de suspender el servicio.
- Queda prohibido cobrar conceptos no pactados, servicios no prestados o alteraciones tarifarias sin sustento legal.
- Los cargos de reconexión solo serán válidos si existe evidencia comprobable de que la acometida fue suspendida y posteriormente restablecida.
Lecturas reales y tope a cobros “estimados”
- La facturación deberá basarse en lecturas reales de medidor. Si existe una desviación de consumo, la empresa tendrá que investigarla antes de facturar; de lo contrario, cobrará el promedio de los últimos 12 meses y ajustará la diferencia en la siguiente cuenta.
- Las fórmulas tarifarias tendrán vigencia de cinco años; solo podrán modificarse por errores manifiestos, incumplimientos de inversión o fuerza mayor que amenace la viabilidad de la empresa.
Plazos y camino legislativo
El texto incluye nueve artículos y deroga toda disposición que colisione con la nueva ley una vez sea sancionada. Superado el primer debate, la propuesta irá a plenaria del Senado para segundo debate. De aprobarse allí, pasará a Cámara y, finalmente, a sanción presidencial.
Si entra en vigor, los colombianos verán:
- Tarifas calculadas con criterios climáticos y de equidad territorial.
- Más tiempo para pagar sin riesgo inmediato de corte.
- Menor margen para cobros injustificados y reconexiones infladas.
Con esta reforma, el Congreso busca modernizar el marco regulatorio y dar un respiro al bolsillo de millones de usuarios que hoy pagan por servicios que, muchas veces, no reflejan su consumo real ni las condiciones de su región.