El Gobierno Nacional propondrá una ley para que los estratos 4, 5 y 6, además de sectores comerciales regulados, asuman la millonaria deuda acumulada por la opción tarifaria. Este giro en la promesa presidencial cambia completamente el panorama para los hogares de mayores ingresos, que ya venían aportando con una sobretasa y ahora deberán asumir otra carga adicional.
¿Qué es la opción tarifaria y por qué genera una nueva deuda?
La opción tarifaria fue un mecanismo utilizado durante la pandemia que permitió diferir los aumentos en las tarifas de energía para los estratos 1, 2 y 3. Las empresas distribuidoras asumieron ese costo para no afectar a los más vulnerables, pero hoy reclaman el pago pendiente: una deuda que supera los $2,9 billones, de los cuales $2,5 billones corresponden a esos estratos subsidiados.
En mayo de 2024, el presidente Gustavo Petro había anunciado que el Gobierno asumiría esa carga. Sin embargo, la propuesta se transformó y ahora serán los estratos más altos quienes pagarán esa cuenta, en nombre de la solidaridad y la redistribución de ingresos.
¿Quiénes pagarán y cómo se aplicará esta medida?
El proyecto de ley que será presentado en la próxima legislatura señala que estratos 4, 5, 6 y usuarios no residenciales regulados asumirán de manera excepcional la deuda pendiente de los hogares más pobres. Esto se justifica con base en el principio de equidad contenido en la Constitución y busca garantizar la sostenibilidad financiera del servicio público de energía.
La medida también contempla ajustes a los criterios de subsidio: si un hogar subsidiado consume energía por encima del promedio de los no subsidiados, se le podrá reclasificar de estrato y perderá el beneficio. Se creará un periodo de transición para que estas familias puedan adaptarse.
Usuarios de Bogotá y otras ciudades ya pagaron
Una parte del país ya asumió esa deuda sin saberlo. Usuarios regulados en Bogotá (Enel), Cali (Emcali), Cauca, Chocó y Tuluá, entre otros municipios, ya pagaron la opción tarifaria. Representan cerca del 30 % de los usuarios a nivel nacional.
Pese a esto, muchas empresas del sector eléctrico siguen en crisis financiera. El Gobierno les adeuda subsidios, y la llamada “deuda oculta” supera ya los $7 billones. La situación se conoce como el “apagón financiero” de las distribuidoras, y ha sido advertida como un riesgo sistémico si no se actúa con rapidez.
¿Qué otras medidas incluye el proyecto?
La iniciativa contempla cambios estructurales en la forma en que se facturan los servicios públicos, permitiendo que cada servicio pueda pagarse por separado. Además, se prohíbe el cobro de tributos no asociados directamente al consumo de energía.
También se modifica la estructura de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que pasará a ser una unidad especial del Ministerio de Minas y Energía, sin personería jurídica, y con nuevos integrantes: expertos del Gobierno, de la academia, de los usuarios y de los sindicatos.
¿Por qué hay molestia por el cambio en la promesa del Gobierno?
Lo que más ha generado inconformidad es que el presidente Petro había prometido pagar la deuda desde el Estado, pero la solución ahora trasladará el peso a las familias de mayores ingresos, que ya financian los subsidios con una contribución del 20 %. Esta nueva carga generaría una segunda sobretasa, lo que ha abierto un debate sobre equidad y manejo fiscal.
Algunos sectores han planteado que existen otras alternativas, como el uso del Sistema General de Regalías, para no seguir trasladando responsabilidades del Estado al bolsillo de los ciudadanos.