El polémico impuesto del 4×1.000 en Colombia podría tener sus días contados. Un nuevo proyecto de ley aprobado en primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara propone su eliminación gradual a partir del año 2027, hasta desaparecer completamente en 2035. La propuesta busca aliviar cargas financieras, fomentar la inclusión y mejorar el uso del sistema bancario formal.
Nuevo cronograma para desmontar el 4×1.000 en Colombia
El proyecto establece un desmonte progresivo del impuesto del 4×1.000, reduciendo su tarifa de forma escalonada cada año. Este sería el calendario planteado por los legisladores:
- 2027: 3,75 x 1.000
- 2028: 3,5 x 1.000
- 2029: 3 x 1.000
- 2030: 2,5 x 1.000
- 2031: 2 x 1.000
- 2032: 1,5 x 1.000
- 2033: 1 x 1.000
- 2034: 0,5 x 1.000
- 2035 en adelante: 0
Este plan permitiría eliminar gradualmente un tributo que, aunque originalmente temporal, se ha mantenido por más de 25 años y representa cerca del 5 % del recaudo tributario nacional, según datos de la DIAN.
¿Por qué se busca eliminar este impuesto en Colombia?
El 4×1.000 ha sido criticado por años por su impacto negativo en el acceso al sistema financiero. Muchos colombianos prefieren usar efectivo o canales informales para evitar el cobro al realizar transferencias, retiros o depósitos.
De acuerdo con el congresista Christian Garcés, uno de los autores del proyecto, esta es “una propuesta responsable para impulsar la reactivación económica, aliviar la carga de emprendedores y empresas, y fomentar la inclusión financiera sin afectar las finanzas públicas”.
El desmonte de este gravamen busca promover el uso de medios electrónicos, mejorar la bancarización y facilitar el ahorro formal, especialmente entre los sectores más vulnerables.
El impuesto que nació como medida temporal, pero se quedó por décadas
El impuesto del 4×1.000 fue creado en 1998 como una solución transitoria en medio de una crisis financiera. Sin embargo, en lugar de desaparecer, se convirtió en una fuente fija de ingresos para el Estado.
Hoy en día, la norma ya contempla exenciones para operaciones inferiores a $17.429.650 anuales, pero su eliminación definitiva no se había contemplado hasta ahora con un calendario claro.
Entidades como el Banco Finandina han advertido que cualquier cambio en este modelo requiere coordinación completa entre las entidades financieras, lo que ha frenado su implementación hasta ahora.
¿Qué pasará si se aprueba la iniciativa?
Aunque el proyecto ya pasó su primer debate, aún debe superar más instancias en el Congreso para convertirse en ley. Si logra ser aprobado en plenarias, el desmonte arrancaría en 2027.
La gran duda que queda es cómo reemplazar los recursos que hoy genera este impuesto. Hasta ahora, no se ha planteado una fuente alternativa concreta, aunque sus impulsores confían en que la gradualidad dará tiempo suficiente para ajustar el presupuesto nacional.