Una norma vigente en Colombia podría convertirse en el mayor alivio económico para quienes viven en arriendo. Se trata de la Ley 820 de 2003, una herramienta legal que regula los contratos de arrendamiento urbano y que establece límites claros al canon mensual. Aunque pocos la conocen, esta ley podría ayudar a miles de inquilinos a pedir rebajas en el valor de sus arriendos o incluso denunciar abusos por cobros excesivos.
Lo que dice la ley que regula el arriendo en Colombia
La Ley 820 establece que el canon de arriendo no puede superar el 1% del avalúo comercial del inmueble. A su vez, el avalúo comercial no puede ser superior al doble del avalúo catastral. Esto significa que si un apartamento tiene un avalúo catastral de $100 millones, su avalúo comercial máximo sería de $200 millones, y el arriendo mensual no podría pasar de $2 millones. Cualquier cobro por encima de eso es ilegal, advierten expertos.
Además, el aumento anual del arriendo se calcula con base en el IPC (Índice de Precios al Consumidor), que en 2025 será del 5,20%. La ley también indica que los contratos deben renovarse mínimo cada 12 meses y que los arrendadores con más de 10 inmuebles deben estar registrados oficialmente ante el municipio.
¿Cómo saber si el arriendo que paga está dentro de la ley?
De acuerdo con la abogada Estefani Rendón, los inquilinos tienen derecho a solicitar al arrendador o inmobiliaria la factura predial del inmueble, para conocer el avalúo catastral y verificar si el cobro del canon está dentro de lo permitido. “Esa información no es confidencial. Si se niegan a entregarla, se puede interponer una acción de tutela por violación al derecho de petición”, afirmó.
En caso de irregularidades, las Secretarías de Gobierno están autorizadas para sancionar a los arrendadores o inmobiliarias que incumplan la ley. Incluso, si se comprueba que el contrato vulnera los límites legales, este podría ser declarado ineficaz, y se ordenaría la devolución del dinero cobrado de más.
Miles de colombianos podrían beneficiarse con esta norma
Casi el 40% de los hogares en Colombia viven en arriendo, según cifras del DANE. La alta demanda, sumada al costo de la vivienda y las tasas de interés, ha hecho del arrendamiento una necesidad más que una elección. Pero con esta ley, muchos pueden encontrar una herramienta para exigir transparencia y ajustar el valor que pagan cada mes.
El llamado es a verificar y actuar
Los expertos insisten en que los inquilinos deben conocer sus derechos, revisar las condiciones de sus contratos y hacer valer lo que dice la ley. Verificar el avalúo del inmueble y compararlo con el canon cobrado puede ser el primer paso para defender el bolsillo. Y si hay abusos, existen canales legales para denunciar.