El episodio se remonta al verano de 2023. Un Maserati metálico circula a toda velocidad por Corso Grosseto, no lejos del cruce de la circunvalación y del aeropuerto de Caselle. A bordo se encuentra un futbolista de 28 años, que regresa de una velada.
Al llegar a un puesto de control, los policías le ordenan que se detenga y él reduce la velocidad. Este es el prólogo de los problemas judiciales en los que se vio afectado Daniele Rugani, defensa de la Juventus nacido en 1994.
El 21 de julio del año pasado dio positivo en alcoholemia cuando regresaba a Turín conduciendo su coche deportivo. La primera medición registró 1,56 gramos de alcohol por litro de sangre, que bajaron a 1,54 en la segunda medición (realizada al menos cinco minutos después, como exige el Código de Circulación). En ambos casos, tres veces el umbral permitido por la ley.
En ese momento, explica el diario, se interpuso una denuncia penal por conducir en estado de ebriedad, infracción que conlleva una multa de hasta 9.000 euros, arresto de hasta un año y suspensión del permiso de hasta dos años. Rugani podría haber saldado las cuentas con la justicia pagando los 5.000 euros que le impuso el juez de instrucción con el auto de condena penal, evitando el arresto.
Después de dos años, el delito se habría extinguido y sus antecedentes penales habrían vuelto a estar impecables. En cambio, decidió oponerse y debería haber comparecido ante el juez Roberto Ruscello para que se dictara sentencia inmediata. El objetivo era solicitar el ingreso a libertad condicional, institución que suspende el proceso y permite extinguir el delito con trabajos de utilidad pública en asociaciones y organismos sin fines de lucro como compensación por el daño causado por su conducta a la sociedad civil.
Pero no se presentó y su abogado, el penalista Raffaele Tecce del Colegio de Abogados de Avellino, confió la solicitud a un sustituto. Sin embargo, el juez lo rechazó de plano porque se propuso fuera del plazo máximo. Rugani tendrá entonces que afrontar el juicio, con testigos, asesoramiento técnico y examen. La audiencia se abrirá el 23 de mayo, donde la defensa pretende impugnar el fondo de la sanción, también con el apoyo de peritajes.
