El embargo es una de las herramientas más utilizadas en los procesos de cobro de deudas en Colombia, pues permite retener los bienes del deudor para garantizar el pago al acreedor. Hasta ahora, esta medida debía tramitarse ante los jueces, lo que ocasionaba largas demoras en los procesos ejecutivos. Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley 2540 de 2025, se introduce una nueva figura conocida como embargo exprés, que podrá ejecutarse mediante arbitraje ejecutivo.
La norma, sancionada en septiembre de 2025, busca descongestionar los despachos judiciales y hacer más eficiente la recuperación de obligaciones respaldadas en títulos ejecutivos, siempre que exista un pacto arbitral entre las partes.
Qué cambia con el embargo exprés
Con la nueva ley, el embargo deja de depender exclusivamente de los jueces y pasa a manos de los árbitros, quienes podrán decretar y ejecutar esta medida dentro de un proceso arbitral. Si las partes han acordado acudir al arbitraje, el acreedor podrá solicitar el embargo directamente al tribunal arbitral sin acudir a la justicia ordinaria.
La norma también prevé el embargo preventivo, que podrá decretarse antes de la instalación del tribunal, siempre que se presente la demanda ejecutiva dentro de los 20 días hábiles siguientes. De no hacerlo, la medida se levantará automáticamente.
Arbitraje ejecutivo: el nuevo procedimiento
El arbitraje ejecutivo se aplicará cuando los contratos incluyan una cláusula arbitral o un compromiso independiente. Los árbitros tendrán facultades equivalentes a las de un juez, pudiendo ordenar embargos, secuestros y medidas cautelares necesarias para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Una vez iniciado el proceso, el tribunal contará con un plazo de cuatro meses para dictar auto de ejecución o laudo, prorrogable hasta un máximo de doce meses. Si este término se vence sin decisión, el caso pasará a la jurisdicción ordinaria, conservando lo actuado en el arbitraje.
Reglas y plazos del embargo exprés
La Ley 2540 de 2025 fija reglas claras sobre los tiempos procesales:
- El embargo preventivo deberá ejecutarse en un máximo de 30 días hábiles desde su solicitud.
- La demanda ejecutiva deberá presentarse dentro de los 20 días hábiles posteriores al decreto de la medida.
- Si el tribunal arbitral no resuelve en los plazos previstos, el proceso se remite a un juez ordinario.
Estas disposiciones garantizan seguridad jurídica para ambas partes y buscan reducir los abusos en los cobros.
Límites a la aplicación del embargo exprés
La norma establece excepciones para proteger a grupos vulnerables. No se aplicará el arbitraje ejecutivo en:
- Créditos hipotecarios de vivienda de interés social.
- Créditos donde habiten menores de edad.
- Contratos de consumo sin aceptación expresa del pacto arbitral.
En materia de consumo, si el pacto arbitral está incluido en un contrato de adhesión, el deudor dispone de 60 días tras el desembolso del crédito para retractarse. Además, el acreedor deberá informar claramente las consecuencias de la cláusula arbitral; de lo contrario, esta será inválida.
Derechos y recursos de las partes
Aunque los árbitros tendrán facultad para ordenar embargos exprés, la ley garantiza el derecho de defensa del deudor, quien podrá oponerse o presentar excepciones dentro del proceso. Contra el laudo arbitral procede el recurso de anulación, aunque este no suspende la ejecución salvo decisión judicial contraria.
Implementación y entrada en vigencia
Los centros de arbitraje deberán actualizar sus reglamentos para incorporar el trámite ejecutivo y definir tarifas en coordinación con el Ministerio de Justicia. El proceso podrá realizarse de forma virtual o presencial, garantizando siempre el acceso a la justicia.
En la práctica, esto permitirá a los acreedores solicitar el embargo de cuentas, bienes muebles o inmuebles sin acudir a un juez, siempre que exista un pacto arbitral vigente. La Ley 2540 de 2025 entrará en vigencia en febrero de 2026 y modificará de fondo la manera en que se tramitan los procesos de cobro en Colombia.
Retos del nuevo modelo
El embargo exprés representa un cambio estructural en la justicia ejecutiva. Entre los principales desafíos están garantizar que los centros de arbitraje cuenten con capacidad para asumir estos casos, evitar abusos en contratos de adhesión y cumplir estrictamente los plazos procesales.
Aunque la norma promete agilidad y descongestión judicial, su éxito dependerá del equilibrio entre eficiencia y respeto por los derechos de los deudores y acreedores.