El programa SNAP, ese que millones conocen por el nombre antiguo de cupones de alimentos, vuelve a cambiar de rumbo en Estados Unidos, y no precisamente hacia algo más simple o accesible. El regreso de Trump ha traído consigo una revisión profunda de normas y requisitos, en una línea que no resulta nueva pero sí más severa.
Aunque el sistema siga siendo gestionado por cada estado y financiado desde el gobierno federal, ahora mismo se nota que el enfoque ha cambiado por completo. Ya no se habla solo de ajustes técnicos, sino de una intención clara de limitar el acceso.
Motivos de la administración para aplicar los recortes de SNAP
Durante años, este programa ha sido fundamental para muchas personas que, sin esa ayuda mensual, lo tendrían muy difícil para llenar la nevera. Ya no hay cupones en papel como antes, eso ha quedado atrás, pero la función sigue siendo la misma: permitir que millones puedan comer con algo más de tranquilidad cada mes.
Lo preocupante ahora es que conseguir esa ayuda no será tan fácil como antes, y eso lo ha confirmado el propio Departamento de Agricultura, que es quien tiene la última palabra sobre cómo se aplica SNAP.
Desde el primer momento en que Trump volvió a tomar el mando, se empezó a notar un cambio de tono general en las políticas sociales, y SNAP entró muy rápido en la lista de programas a revisar con lupa. Una de sus primeras órdenes ejecutivas fue dirigida precisamente a frenar el acceso de quienes, según sus palabras, no tienen derecho legal a recibir beneficios públicos.
Así se está aplicando la orden de recorte del cheque de ingreso de SNAP
Esa orden se ha empezado a mover a través de distintas agencias federales y ya está empezando a generar efectos concretos, tanto a nivel administrativo como en la percepción pública del programa.
Los nuevos cambios introducen controles adicionales que van mucho más allá de los requisitos que ya existían, que no eran precisamente laxos. Ahora, por ejemplo, se exigirá una verificación mucho más estricta del número de la Seguridad Social, y cada dato deberá coincidir al detalle para que la solicitud no sea rechazada.
También se utilizará un sistema federal llamado SAVE, que sirve para verificar el estatus migratorio de quienes pidan ayuda, algo que añade una capa de revisión constante. Incluso se requerirá, si es la primera vez que alguien solicita SNAP, presentarse en persona para una entrevista obligatoria, sin opción de hacerla a distancia ni por teléfono.
Las personas inmigrantes lo tienen más difícil para cobrar SNAP incluso si cumplen con todos los requisitos legales
Uno de los aspectos más delicados de esta reforma es la forma en que afectará a personas que no son ciudadanas estadounidenses pero que, por ley, tienen derecho a recibir SNAP, ya sea directamente o a través de sus hijos nacidos en el país. Aunque la ley no ha cambiado en lo que respecta a quién tiene derecho, lo que ha cambiado es el entorno, el miedo, la sensación de que cualquier error puede poner a una familia en riesgo de quedar marcada o vigilada.
Este tipo de reacciones no son nuevas ni exageradas. Ya ocurrió durante el primer mandato de Trump, cuando muchas familias inmigrantes dejaron de solicitar ayudas como SNAP o Medicaid, incluso si cumplían los requisitos.
No fue por falta de necesidad, sino por miedo a posibles consecuencias legales o migratorias. Y ahora, con la misma lógica de fondo reapareciendo, muchas organizaciones que trabajan con comunidades vulnerables ya han advertido que lo más probable es que volvamos a ver una caída en las solicitudes, especialmente entre quienes más necesitan el apoyo del sistema.
