El acceso al gas natural está a punto de transformarse para millones de familias colombianas. Se oficializó un nuevo subsidio que cubrirá hasta el 70% del costo de conexión al gas domiciliario para los estratos 1, 2 y 3, así como para viviendas de interés social y prioritario.
Esta medida, impulsada por el Congreso de la República, busca cerrar brechas en el acceso a servicios públicos básicos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables y reducir riesgos en salud pública asociados al uso de combustibles contaminantes como la leña y el carbón.
Un alivio real en los costos de conexión del gas natural
El costo de instalación del servicio de gas natural ha sido, históricamente, una barrera para las familias de bajos ingresos. El nuevo subsidio permitirá cubrir hasta el 70% del valor de conexión e instalación, lo que representa una reducción cercana a los 1,5 o 2 millones de pesos por hogar.
Este beneficio aplica para quienes aún no cuentan con el servicio y habitan viviendas clasificadas como VIS (Vivienda de Interés Social), VIP (Vivienda de Interés Prioritario) o que hacen parte de programas de mejoramiento habitacional. Se trata de un alivio concreto para millones de personas que, hasta hoy, han debido recurrir a métodos costosos, inseguros y contaminantes para cocinar y calentar agua.
¿Quiénes podrán acceder al subsidio en Colombia?
El beneficio está dirigido a hogares en condición de vulnerabilidad económica. Podrán acceder las familias de los estratos 1, 2 y 3, así como aquellas que vivan en viviendas VIS o VIP. También se contempla a las que formen parte de planes de mejoramiento habitacional gestionados por entidades territoriales o el Gobierno Nacional.
El diseño de este subsidio busca impactar especialmente a comunidades rurales, zonas urbanas marginadas y territorios con baja cobertura de servicios públicos. El objetivo es que ninguna familia quede excluida del acceso al gas por no tener cómo pagar la conexión inicial.
Beneficios en salud, economía y medio ambiente
Más allá del aspecto económico, esta política tiene un profundo enfoque social y ambiental. En muchas regiones del país, las familias aún cocinan con leña o carbón, lo que genera contaminación del aire en espacios cerrados y enfermedades respiratorias. Los más afectados son los niños, las mujeres y los adultos mayores.
Al facilitar la transición al gas natural, se reduce considerablemente la exposición a humo y partículas nocivas. Además, las familias podrán redirigir el dinero que gastaban en combustibles tradicionales hacia otras necesidades esenciales como alimentación, salud y educación. La medida también contribuye a disminuir la deforestación, especialmente en zonas rurales.
Proceso de implementación y reglamentación
El Gobierno Nacional cuenta con un plazo de seis meses desde la sanción de la ley para expedir la reglamentación del subsidio. Este proceso estará liderado por el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Minas y Energía, que deberán establecer los criterios técnicos, sociales y operativos para garantizar una implementación eficiente.
Se espera que la reglamentación defina los requisitos específicos, los canales de postulación y las formas de verificación. También se determinará la forma en que las empresas distribuidoras de gas podrán hacer efectivas las conexiones subsidiadas.
La administración del subsidio sobre el gas natural en Colombia
La gestión de los recursos estará a cargo del Fondo de Fomento o del Fonenergía, según lo disponga el Gobierno. Estas entidades canalizarán los dineros hacia las empresas prestadoras del servicio de gas natural, supervisando que las instalaciones se realicen en las condiciones técnicas requeridas y sin cobros indebidos.
La articulación entre entidades nacionales, gobiernos locales y empresas de servicios públicos será clave para que el subsidio llegue a tiempo y con eficacia a los hogares priorizados.
Una política pensada para cerrar brechas
Este nuevo subsidio marca un paso importante en la lucha por la equidad energética. El acceso al gas natural deja de ser un privilegio para convertirse en un derecho tangible para millones de colombianos. La medida reconoce la necesidad de garantizar condiciones básicas de vida digna en sectores históricamente olvidados.
Con esta apuesta, el Gobierno no solo busca mejorar la infraestructura de servicios públicos, sino también impulsar una transformación social, ambiental y económica que impacte directamente en los hogares más vulnerables del país.