La compra y venta de futbolistas, la financiación de clubes de fútbol profesional, los patrocinios y todas las operaciones con agentes u otros intermediarios están bajo la lupa.
El Parlamento Europeo aprobó un nuevo reglamento contra el blanqueo de capitales con un apéndice diseñado específicamente para el mundo del fútbol y el lavado de dinero.
Las autoridades antiblanqueo se centran en la compra y venta de futbolistas, la financiación de clubes de fútbol profesionales, los patrocinios y todas las operaciones con agentes u otros intermediarios.
Se trata de una actualización regulatoria autónoma y obligatoria para los 27 países miembros y de autoaplicación dentro de los próximos 36 meses. Al mismo tiempo, se creó la Ley AML (Anti Money Laundering) que, al igual que la nueva legislación, espera el examen del Consejo antes de su publicación en el European Journal. Ambas medidas fueron creadas con el objetivo de cerrar las numerosas brechas aún abiertas en los flujos internacionales de lavado de dinero.
El fútbol profesional es el objetivo principal porque, escribe el legislador en la introducción, hay razones urgentes para hacerlo ” como la popularidad mundial del fútbol, las considerables cantidades, los flujos de caja y los intereses financieros involucrados, la prevalencia de operaciones transfronterizas y, a veces, estructuras de propiedad opacas”.
El régimen de intervención es el clásico de la lucha contra el blanqueo de capitales, es decir, un control en el origen de los flujos financieros, puesto por ley en manos de los ” sujetos obligados ” obligados a vigilar, verificar y, en casos sospechosos, abstenerse de realizar la operación y reporte a las autoridades ALD.
Los “agentes de fútbol” y los “clubes de fútbol profesionales” quedan así incluidos en la lista de sujetos obligados, que se convierten en guardianes de la integridad financiera del sistema del fútbol y en “reporteros” de los intentos de blanqueo de dinero a través del fútbol.
La obligación de rastrear las transacciones con inversores, patrocinadores, agentes de fútbol u otros intermediarios y las transferencias de jugadores afectará a todos los clubes profesionales con licencia para participar en campeonatos, con excepción de aquellos con una facturación inferior a 5 millones de euros (pero con la posibilidad de que los Estados miembros levanten la guardia, incluso en situaciones menores, pero límite).
