Parece que por fin hay buenas noticias para millones de jubilados en EE.UU., pero la realidad es más complicada de lo que parece. A pesar de que la Ley de Justicia del Seguro Social ya está aprobada, los beneficiarios podrían tener que esperar más de un año antes de ver algún cambio en sus pagos.
¿La razón? Falta de fondos y un buen puñado de problemas burocráticos que están retrasando todo el proceso. Cuando Joe Biden firmó la ley en enero, muchos pensaron que al fin se corregiría una injusticia que había afectado a más de 2,8 millones de personas.
Un cambio esperado en el Seguro Social pero con mucho retraso
La norma elimina dos disposiciones polémicas: la Windfall Elimination Provision (WEP) y el Government Pension Offset (GPO), que desde hace años reducían los pagos del Seguro Social a ciertos trabajadores del sector público. En teoría, esto debería traducirse en un aumento promedio de 360 dólares al mes para los afectados.
Pero hay un problema. Aunque la ley ya es oficial, la Administración del Seguro Social (SSA) no recibió presupuesto extra para hacer los ajustes necesarios. Y eso significa retrasos, probablemente de más de un año.
¿Qué eran la WEP y la GPO?
La WEP recortaba los beneficios del Seguro Social a trabajadores del sector público que no habían cotizado a este sistema en sus empleos, aunque sí hubieran trabajado en otros puestos donde sí aportaron. Unos dos millones de personas han visto sus pagos reducidos por esto.
La GPO, por su parte, afectaba a los cónyuges y viudos de trabajadores públicos que no cotizaron al Seguro Social. En la práctica, esto significaba que muchos sobrevivientes perdían miles de dólares en beneficios que, en teoría, les correspondían. Se calcula que unos 800.000 jubilados han sido perjudicados.
Con la nueva ley, estos recortes desaparecen… pero, claro, ahora hay que hacer los ajustes y devolver lo que corresponde. Y ahí es donde empieza el lío.
¿Por qué tanto retraso?
Aquí entramos en la parte más frustrante. La SSA ya estaba lidiando con falta de personal y recursos antes de esta ley, y la situación no ha mejorado.
Para que te hagas una idea, en noviembre se congelaron las contrataciones dentro de la agencia porque el Congreso no aprobó más fondos. Esto significa que ahora mismo hay menos empleados para manejar una avalancha de solicitudes y ajustes en los pagos.
La SSA ha dicho que está haciendo lo que puede, pero que los retrasos son inevitables. Y mientras tanto, hay miles de personas esperando recibir lo que les corresponde.
¿Cuándo llegará el dinero?
Si esperabas una fecha concreta, mala noticia: todavía no hay una. La SSA tampoco ha dado detalles sobre cómo y cuándo se harán los ajustes, y además han pedido que la gente no llame por teléfono para preguntar.
¿Por qué? Pues porque las líneas están colapsadas. Según datos de la misma agencia, más de 7.000 personas llaman cada día intentando obtener respuestas. El problema es que la mayoría se queda esperando en la línea durante horas… solo para no obtener ninguna información nueva.
Lo único seguro hasta ahora es que la SSA está tratando de implementar un sistema que reduzca los tiempos de espera. Pero mientras eso sucede, la incertidumbre sigue ahí.
¿Qué opinan los expertos?
Muchos creen que esta ley era necesaria desde hace años, pero no todos están contentos con cómo se está manejando su implementación.
Por ejemplo, el exsenador Sherrod Brown, que impulsó el proyecto, dijo que esta ley corrige una injusticia y que los trabajadores deberían recibir lo que han ganado. Pero por otro lado, grupos como el Comité Nacional para Preservar el Seguro Social y Medicare han advertido que el sistema necesita más apoyo financiero si realmente se quiere solucionar el problema.
Y aquí es donde entra otra preocupación: mientras algunos celebran la ley, otros en Capitol Hill siguen proponiendo recortes al Seguro Social. Algunas ideas que han estado sobre la mesa incluyen aumentar la edad de jubilación, aplicar pruebas de ingresos para limitar quién recibe beneficios o incluso privatizar el sistema.
¿Un cambio real o solo un parche?
No hay duda de que la Ley de Justicia del Seguro Social es un avance, pero la realidad es que todavía queda mucho por hacer. Para que la SSA pueda procesar estos cambios sin que la gente tenga que esperar meses o incluso años, necesita más recursos.
Si el gobierno no destina más fondos, estos retrasos podrían repetirse con cualquier otra reforma futura. Y eso significaría que, aunque la ley esté en vigor, los beneficiarios seguirían esperando y esperando sin ver realmente el dinero en sus cuentas.
