Para millones de familias inmigrantes en Estados Unidos, la pregunta sobre qué pasa con los bienes cuando muere un padre o una madre sin estatus legal es una fuente real de incertidumbre. Muchas evitan hacer testamento por miedo a interactuar con el sistema legal.
Otras asumen que sus hijos no podrán heredar nada, o que reclamar una herencia podría desencadenar consecuencias migratorias. La mayoría de esas preocupaciones están basadas en malentendidos. Lo que dice la ley es más claro y más protector de lo que muchas familias imaginan, aunque hay aspectos fiscales específicos que sí requieren atención.
El estatus migratorio no determina el derecho a heredar
La primera y más importante aclaración: en Estados Unidos, el derecho a recibir una herencia no está vinculado al estatus migratorio de quien hereda ni de quien deja los bienes. Las leyes de sucesión de todos los estados del país no distinguen entre ciudadanos, residentes permanentes, personas con visa temporal y personas indocumentadas. Cualquier persona puede heredar bienes en Estados Unidos independientemente de su situación migratoria.
Eso aplica en ambas direcciones: una persona indocumentada puede dejar bienes a sus hijos en un testamento, y esos hijos pueden heredar esos bienes aunque ellos mismos sean indocumentados. La ley de herencias no discrimina por origen nacional ni por estatus legal en el país.
Del mismo modo, un padre que murió sin testamento y sin estatus legal puede tener hijos que hereden a través de las leyes de sucesión intestada del estado, que siguen el parentesco y no la ciudadanía para determinar quién tiene derecho.
Lo que sí puede complicarse: el proceso práctico
Que la ley permita la herencia no significa que el proceso sea siempre sencillo. Hay aspectos prácticos donde el estatus migratorio o la falta de documentación puede crear obstáculos, aunque no barreras legales absolutas.
El más común es la identificación.
Muchos tribunales de sucesión, bancos e instituciones financieras requieren documentos de identidad para procesar transferencias de bienes. Una persona sin número de Seguro Social puede usar su número ITIN, el número de identificación fiscal para contribuyentes que no califican para el SSN, como identificación alternativa en muchos de estos procesos. No resuelve todos los trámites, pero en muchos casos es suficiente.
Otro punto de complicación es el miedo a aparecer en un proceso judicial público. El probate, el proceso de sucesión supervisado por el tribunal, crea registros públicos. Para familias donde algún miembro tiene preocupaciones migratorias, esa exposición genera ansiedad. Una solución que los abogados de planificación patrimonial recomiendan para estas situaciones es estructurar los bienes a través de un trust o fideicomiso, que evita el probate completamente y mantiene la distribución fuera del registro público.
Qué pasa si el padre que murió no era residente legal y tenía bienes en EE.UU.
Este escenario tiene una dimensión fiscal importante que muchas familias desconocen y que puede resultar en una carga significativa si no se planifica con anticipación.
En Estados Unidos, los ciudadanos y residentes legales tienen una exención del impuesto federal a la herencia de $15 millones por persona en 2026. Eso significa que prácticamente ningún patrimonio ordinario paga ese impuesto. Pero esa exención no aplica de la misma manera para los no residentes que no son ciudadanos, lo que en términos fiscales se llama extranjero no residente o non-resident alien.
Para una persona que murió siendo extranjero no residente, la exención del impuesto federal al patrimonio sobre sus bienes en Estados Unidos es de solo $60,000. Todo lo que supere esa cantidad y esté clasificado como bien situado en Estados Unidos, principalmente bienes raíces, acciones de corporaciones americanas y propiedad tangible física en el país, puede estar sujeto a un impuesto de hasta el 40%.
Eso significa que si un padre indocumentado o sin estatus legal murió siendo propietario de una casa en Estados Unidos valorada en $300,000, su patrimonio podría deber impuestos federales sobre los $240,000 que superan la exención de $60,000. El tribunal de sucesiones generalmente no liberará los bienes a los herederos hasta que esos impuestos estén pagados o hasta que se demuestre que no se deben.
Bienes raíces, el activo más común y el más complejo
Los bienes raíces son el activo más frecuente en este tipo de situaciones porque muchas familias inmigrantes que llevan décadas en Estados Unidos han logrado comprar una casa, con independencia de su estatus migratorio. Las personas indocumentadas pueden ser propietarias de bienes raíces en Estados Unidos de forma completamente legal. De hecho, se estima que aproximadamente el 35% de los inmigrantes indocumentados en el país son propietarios de vivienda.
Cuando el propietario muere, la casa puede ser heredada por los hijos o el cónyuge a través de testamento o mediante las leyes intestadas del estado. Pero si el fallecido era un extranjero no residente para efectos fiscales, la exposición al impuesto al patrimonio sobre esa propiedad es real y puede ser significativa.
Una estrategia preventiva que los abogados especializados en planificación patrimonial para familias inmigrantes recomiendan es estructurar la propiedad de manera que reduzca esa exposición fiscal antes de que ocurra el fallecimiento. Las opciones incluyen transferir la propiedad a través de ciertos tipos de fideicomisos, usar estructuras corporativas, o hacer transferencias en vida dentro de los límites de exclusión anual de regalo, que en 2026 es de $19,000 por persona al año sin generar obligación fiscal.
