El gobierno federal de Estados Unidos gastó aproximadamente $7 billones durante el año fiscal 2025. De esa cantidad, $4.4 billones pudieron asignarse a grupos de edad específicos. Y de ese total, casi dos tercios fueron a parar a personas mayores de 65 años, según un análisis del Penn Wharton Budget Model publicado recientemente. Los números revelan con claridad cuál es la verdadera prioridad del presupuesto federal y por qué eso es tan difícil de cambiar.
Los jubilados recibieron $2.7 billones en gasto federal el año pasado. Los americanos menores de 26 años recibieron $449,000 millones. Los adultos en edad de trabajar, entre 26 y 64 años, recibieron $1.2 billones. La diferencia es enorme en términos absolutos, pero se vuelve aún más llamativa cuando se mira en términos per cápita.
Los números por persona hacen la brecha aún más visible
Las personas mayores de 65 años representan menos del 20% de la población total del país. Sin embargo, el gasto federal per cápita en ese grupo es de aproximadamente $43,700 por persona al año. Los niños y adultos jóvenes recibieron alrededor de $4,300 per cápita. Los adultos en edad de trabajar recibieron unos $7,300.
Eso significa que el gobierno federal gasta diez veces más por cada jubilado que por cada joven en el país. La razón principal, como señala el análisis, no es un diseño arbitrario del presupuesto sino la estructura de dos programas específicos: el Seguro Social y Medicare.
Por qué el Seguro Social y Medicare dominan el gasto en jubilados
La gran mayoría del dinero que llega a los mayores de 65 años proviene de esos dos programas. El Seguro Social proporciona ingresos mensuales a jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes. Medicare cubre los gastos de salud de adultos mayores. Ambos son programas que los trabajadores financian durante toda su vida laboral con la expectativa de recibirlos cuando lleguen a la edad de retiro.
Esa lógica de contribución y retorno es la que explica, en parte, por qué son tan difíciles de reformar. Casi el 80% de los americanos encuestados por Pew Research en 2024 dijeron que los beneficios del Seguro Social no deberían reducirse de ninguna manera. Los políticos de ambos partidos respaldan los programas ampliamente porque son extremadamente populares entre el electorado.
Kent Smetters, director académico del Penn Wharton Budget Model, lo describe de una forma muy concreta: «Está impulsado por la biología. Saben que van a ser mayores, no más jóvenes». El votante promedio en Estados Unidos tiene alrededor de 50 años, lo que significa que está llegando exactamente a la edad en que empezaría a beneficiarse del Seguro Social que ha estado financiando durante décadas.
Qué reciben los otros grupos de edad
Para los adultos en edad de trabajar, el segundo grupo en recibir más fondos federales, los principales programas son beneficios para veteranos, atención médica y beneficios por discapacidad. Medicaid también representa una parte importante del gasto para millennials y la Generación X, junto con los beneficios de sobrevivientes y discapacidad del propio Seguro Social.
Para los niños y adultos jóvenes, Medicaid es el mayor componente del gasto federal, seguido del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP o food stamps. Los subsidios de salud y los programas de educación federal también contribuyen, aunque vale señalar que la educación se financia principalmente a nivel estatal y local, lo que hace que el gasto federal per cápita en jóvenes parezca menor de lo que sería si se considerara el gasto total de todos los niveles de gobierno.
La brecha entre lo que el gobierno gasta en jubilados versus en otras generaciones no va a disminuir. Según las proyecciones, solo va a crecer a medida que la población envejece. Hay más personas acercándose a la edad de retiro que entrando al mercado laboral para financiar el sistema.
Los fondos fiduciarios del Seguro Social y Medicare están proyectados para agotarse en menos de una década según informes federales recientes. Si eso ocurre, los beneficios no desaparecerían de golpe, ya que los impuestos sobre la nómina seguirían financiando una parte. Pero sin acción del Congreso, los pagos podrían reducirse automáticamente.
Esa es la tensión central que define el debate presupuestario en Washington: un sistema de retiro enormemente popular, financiado por una generación trabajadora cada vez más pequeña en relación con el número de beneficiarios, con un horizonte fiscal que se acorta año a año sin que exista todavía un acuerdo político sobre cómo cerrarlo.
