La FIFA y la UEFA han enviado una carta contundente a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), instándola a revertir la creación de la nueva “Comisión independiente para la verificación del equilibrio económico y financiero de las sociedades deportivas profesionales”. Esta medida, introducida por el Decreto Ley del Deporte, ha sido criticada por ambas entidades internacionales por considerar que viola la autonomía del deporte.
Gabriele Gravina, presidente de la FIGC, destacó durante una audiencia en la comisión de Cultura de la Cámara que la nueva normativa no solo infringe los principios de la economía de mercado, sino que también contradice las sentencias de la Corte Constitucional sobre la autonomía del deporte. «Las sociedades de fútbol son entidades de capital y deben seguir las normas del código civil, no ser sometidas a una supervisión adicional específica,» afirmó Gravina.
La preocupación de la FIFA y la UEFA radica en que esta comisión podría imponer medidas correctivas únicamente a las entidades deportivas, creando una disparidad de tratamiento respecto a otros sectores económicos. Esta intervención es vista como un intento de centralizar la burocracia gubernamental en la gestión del fútbol, lo cual contraviene los principios de autogestión que rigen el deporte a nivel global.
Gravina defendió la efectividad de la actual Comisión de Vigilancia (Covisoc), argumentando que ha cumplido su papel de manera brillante y no requiere de reemplazo o intervención adicional. «Covisoc ha demostrado ser un instrumento funcional y eficiente,» subrayó, rechazando la necesidad de una nueva autoridad.
Además, Gravina cuestionó la urgencia y justificación detrás del Decreto Ley, indicando que el endeudamiento de las sociedades de fútbol es parte natural de la economía de mercado y está regulado por las mismas leyes que se aplican a todas las empresas en Italia.
La carta de la FIFA y la UEFA pone de manifiesto la tensión entre las entidades deportivas internacionales y la legislación nacional, resaltando la importancia de mantener la autonomía del deporte. Este conflicto podría tener repercusiones significativas en la gobernanza del fútbol italiano y en la relación entre la FIGC y las instituciones globales del fútbol.
