Las recientes decisiones del Gobierno en materia pensional volvieron a encender el debate sobre el futuro de las pensiones en Colombia. Las modificaciones introducidas al mecanismo que regula las pensiones de renta vitalicia, a través del Decreto 1485 del 31 de diciembre de 2025, han generado fuertes reacciones dentro del sector, especialmente por su impacto en el costo de las pensiones mínimas.
Desde la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), su presidente, Andrés Velasco, advirtió que los cambios podrían afectar directamente a los futuros pensionados, al encarecer el acceso a una pensión y obligar a muchos trabajadores a permanecer más tiempo en el mercado laboral.
El salario mínimo y su efecto en las pensiones
Uno de los puntos centrales de la controversia es el aumento del salario mínimo, que para 2026 fue fijado con un incremento del 23,08 %. Según Asofondos y Fundación EFE, este ajuste elevó de forma significativa el gasto público asociado a las pensiones mínimas, presionando las finanzas del Estado.
“El aumento del salario mínimo ocasionó que los gastos del Gobierno nacional en pensiones crecieran de forma importante. Es una consecuencia directa de la decisión de aumentar el salario mínimo de la forma en que se hizo”, señaló Velasco, al explicar el contexto en el que se expidió el decreto.
“Tirar la piedra y esconder la mano”
Desde el gremio de los fondos privados, la crítica apunta a que el Ejecutivo estaría trasladando parte de esa presión fiscal al sistema de ahorro individual. En particular, cuestionan que el decreto reduzca la responsabilidad del Estado de compensar a las aseguradoras cuando el salario mínimo crece por encima de la inflación.
“Lo que el Gobierno está buscando ahora es cómo tirar la piedra y esconder la mano, porque está evitando una de sus responsabilidades fundamentales: compensar las cuentas de ahorro individual que garantizan las pensiones de los colombianos”, afirmó el presidente de Asofondos.
Qué cambia el Decreto 1485 de 2025
El Decreto 1485 introduce varios ajustes técnicos que, según el sector, alteran el equilibrio del sistema de aseguramiento pensional. Entre los principales cambios se destacan:
- Ajuste en el parámetro con el que se calcula el deslizamiento del salario mínimo.
- Eliminación del reconocimiento de intereses en el pago de la cobertura.
- Limitación del acceso al mecanismo únicamente a pensiones equivalentes a un salario mínimo.
Para Asofondos, estas modificaciones incrementan el costo de asegurar una pensión mínima y reducen los incentivos para mantener el equilibrio financiero del sistema.
Trabajar más y cotizar durante más años
Uno de los efectos que más preocupa al gremio es el impacto directo sobre los afiliados. Al elevarse el costo de una pensión mínima, también aumenta el capital que un trabajador debe acumular para acceder a ella.
“Eso hace que cueste más una pensión y, por lo tanto, que los colombianos tengan que trabajar más y cotizar más años para lograr el monto necesario para pensionarse”, advirtió Velasco. Este escenario pondría en mayor riesgo a los trabajadores de ingresos medios y bajos, para quienes alcanzar una pensión ya representa un desafío.
El debate de fondo sobre el sistema pensional
Desde el Gobierno, la defensa del Decreto 1485 de 2025 se centra en la necesidad de corregir distorsiones técnicas, preservar la sostenibilidad fiscal y optimizar el uso de los recursos públicos destinados a garantizar pensiones equivalentes al salario mínimo.
Sin embargo, expertos coinciden en que la polémica va más allá de un ajuste puntual. El debate revela un problema estructural del sistema pensional colombiano: cómo equilibrar el aumento del salario mínimo, la protección del poder adquisitivo de los pensionados y la viabilidad financiera de los esquemas de ahorro individual.
Mientras el Ejecutivo insiste en la disciplina fiscal, desde Asofondos se alerta que decisiones como esta podrían trasladar los costos del ajuste a los trabajadores, obligándolos a permanecer más tiempo activos para asegurar una pensión básica.
La discusión apenas comienza y todo indica que se convertirá en uno de los ejes centrales del debate económico y social en Colombia durante 2026.
