En Colombia, la Ley 820 de 2003 regula los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, estableciendo derechos y deberes tanto para arrendadores como para arrendatarios. Entre sus disposiciones más importantes se encuentra una obligación de preaviso, cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones económicas y legales.
El preaviso obligatorio para inquilinos y propietarios
Según la norma, si cualquiera de las partes desea terminar el contrato de arriendo, debe notificarlo por escrito con al menos tres meses de anticipación. No hacerlo puede generar penalizaciones.
El arrendatario que decida no renovar debe avisar al propietario con la antelación estipulada en el contrato y entregar el inmueble en el mismo estado en que lo recibió, salvo lo pactado de forma distinta. Esto incluye devolver las llaves y demás elementos entregados al inicio.
En caso de que el propietario no reciba el inmueble en la fecha acordada, puede iniciar un proceso legal de restitución, que contempla:
- Conciliación extrajudicial.
- Presentación de demanda ante un juez civil.
- Orden judicial de restitución forzosa.
- En algunos casos, embargo de bienes y cobro de cánones adeudados.
Este trámite puede demorar entre tres y seis meses.
Causales legales para terminar el contrato antes de tiempo
La Ley 820 de 2003 contempla situaciones en las que es posible finalizar el contrato antes de lo pactado, entre ellas:
- Falta de pago del canon mensual o de servicios públicos.
- Subarriendo sin autorización del propietario.
- Uso indebido o no permitido del inmueble.
- Sobreocupación o afectaciones a la convivencia.
- Incumplimiento en el pago de administración.
Si el inquilino desea terminar el contrato sin una causa legal válida, deberá pagar una indemnización equivalente a tres meses de canon de arriendo.
Cómo prevenir sanciones y procesos judiciales
Para evitar conflictos, es fundamental que ambas partes:
- Conozcan a fondo la Ley 820 de 2003.
- Establezcan con claridad las condiciones del contrato desde el inicio.
- Respeten los plazos de preaviso.
- Cumplan las condiciones de entrega del inmueble.
Un buen manejo de estos aspectos no solo previene multas e indemnizaciones, sino que también evita procesos judiciales prolongados que afectan a ambas partes.
