En Colombia, vivir en propiedad horizontal se ha convertido en una realidad cotidiana. Cada vez más personas habitan en conjuntos residenciales donde comparten espacios como parques, ascensores o salones sociales, y por ello deben pagar una cuota de administración mensual. Esta obligación cubre gastos comunes, pero no siempre se factura de forma correcta.
Alerta por cobros irregulares en la cuota de administración
La cuota de administración está regulada por la Ley 675 de 2001 y debe ser gestionada por el administrador del conjunto, bajo aprobación de la asamblea de copropietarios. Sin embargo, algunas administraciones están incluyendo valores que no corresponden legalmente, como sanciones o intereses, sin el debido proceso. Así lo alertó Stephanie Rendón, abogada experta en propiedad horizontal.
Según Rendón, si no hay una resolución legal o el proceso interno adecuado, no se pueden cargar estos conceptos a la factura. A pesar de ello, muchos residentes se ven obligados a pagar montos más altos para evitar reportes negativos o procesos judiciales.
Cómo protegerse de cobros no autorizados
Ante estos casos, existe una solución legal y segura: hacer el pago de la cuota de administración por medio de una consignación extrajudicial en el Banco Agrario. El residente deposita solo el valor justo aprobado, excluyendo cobros irregulares, y remite el comprobante al administrador como respaldo de cumplimiento.
Este mecanismo protege al residente frente a cobros injustos y demuestra su voluntad de pago. Solo se debe indicar el nombre del conjunto, el periodo pagado y el administrador como beneficiario. La medida puede aplicarse hasta que se corrijan las facturas.
Un pago justo fortalece la convivencia
La legislación colombiana es clara: no se pueden exigir valores que no hayan sido aprobados debidamente. Exigir el respeto a esta norma no solo evita abusos, también promueve la transparencia y mejora la convivencia en los conjuntos residenciales.
Revisar cada factura, verificar su legalidad y actuar conforme a la ley puede marcar la diferencia. Los residentes tienen derecho a pagar lo justo y exigir que su cuota de administración refleje solamente los valores aprobados legalmente por la asamblea o avalados por un debido proceso.
