Un proyecto de ley en Idaho podría dar un giro inesperado a la forma en que los beneficiarios del programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) usan sus beneficios. La propuesta, que avanza en el Congreso estatal, plantea una restricción clara: prohibir la compra de ciertos productos, como dulces y refrescos, con estos fondos. La medida ya está generando un debate intenso, porque en el fondo la cuestión es quién decide qué alimentos deben ser elegibles y cuáles no.
El Proyecto de Ley 109 de la Cámara plantea que los residentes de Idaho dejarían de poder usar sus beneficios de SNAP para adquirir productos considerados poco saludables, como dulces y bebidas azucaradas.
¿De qué va exactamente esta propuesta de SNAP?
La medida ya ha pasado la Cámara de Representantes del estado con una votación de 38-32 y, si sigue adelante, obligaría al Departamento de Salud y Bienestar de Idaho a solicitar una exención al gobierno federal para excluir estos productos de la lista de alimentos aprobados.
Según la legislación, los dulces incluyen cualquier combinación de azúcar, miel u otros endulzantes con chocolate, frutas, nueces o ingredientes similares, en forma de caramelos, piezas o barras. Básicamente, cualquier tentempié azucarado que se encuentre en la caja registradora del supermercado.
La idea no es nueva. Desde hace años, varios legisladores han intentado restringir el uso de SNAP para la compra de productos considerados poco saludables, con un énfasis especial en refrescos y dulces. Durante el mandato de Donald Trump, hubo iniciativas similares, pero el empuje en los últimos tiempos viene con más fuerza desde sectores republicanos.
La lógica detrás de esta medida es la preocupación por la salud pública: el consumo excesivo de azúcar está vinculado a enfermedades como la obesidad y la diabetes, y restringir el acceso a estos productos podría ayudar a reducir estos problemas. Al menos, esa es la teoría. Pero, por otro lado, las críticas no tardaron en llegar. Hay quienes creen que esta medida, lejos de mejorar la alimentación, en realidad limita la autonomía de las personas y restringe opciones para quienes ya de por sí tienen pocas.
¿Cómo afectaría esto a los beneficiarios de SNAP?
Si la propuesta se aprueba y llega a implementarse, unos 130,900 residentes de Idaho que actualmente reciben beneficios de SNAP podrían verse directamente afectados. Y no hablamos de algo menor. Para muchas familias, este programa es clave para acceder a comida cada mes, y cualquier cambio en lo que pueden comprar con esos fondos tiene un impacto inmediato.
Actualmente, los beneficiarios de SNAP reciben sus fondos a través de tarjetas electrónicas que pueden usar en supermercados y tiendas de todo el país. A nivel federal, las reglas permiten la compra de prácticamente cualquier alimento, siempre que no sea alcohol o productos calientes listos para consumir. No hay una regulación específica que distinga entre comida «saludable» y «no saludable», y aquí es donde entra la discusión de fondo: ¿hasta qué punto el gobierno debe decidir qué pueden o no pueden comprar las personas con estos beneficios?
Un debate sobre SNAP que va más allá de Idaho
Lo cierto es que Idaho no es el único estado en el que se está discutiendo esta idea. A nivel federal, el congresista republicano de Oklahoma, Josh Brecheen, presentó en enero el «Healthy SNAP Act», un proyecto de ley que también busca prohibir la compra de refrescos, dulces, helados y postres con fondos de SNAP. La idea es la misma: reducir el consumo de productos con altos niveles de azúcar y grasas para mejorar la salud pública.
Pero aquí es donde la cosa se complica. Para muchas personas, estos productos no son solo un capricho. En algunos casos, pueden ser una forma asequible de obtener calorías dentro de un presupuesto ajustado. Restringir el acceso a estos alimentos puede parecer una solución sencilla sobre el papel, pero en la práctica, podría traer más problemas de los que resuelve.
Si el proyecto sigue adelante y se convierte en ley, Idaho tendría que solicitar una exención al gobierno federal para poder aplicar estas restricciones. Hasta ahora, varios estados han obtenido permisos especiales para modificar algunos requisitos de SNAP, pero ninguno ha logrado prohibir productos basándose en su valor nutricional.
El impacto sería inmediato para quienes dependen de SNAP, porque significaría que ciertos productos simplemente dejarían de estar disponibles con estos beneficios. El objetivo es fomentar una alimentación más saludable, pero en el proceso, la medida podría hacer que muchas familias se enfrenten a más dificultades para gestionar sus compras de alimentos.
Al final, la propuesta de Idaho pone sobre la mesa un debate más amplio sobre cómo deben usarse los fondos públicos en programas de asistencia alimentaria. Mientras unos defienden la idea como una medida necesaria para mejorar la salud pública, otros la ven como una restricción injusta que limita la libertad de elección de los más vulnerables. Lo que está claro es que, si esta legislación avanza, otros estados podrían seguir su ejemplo y plantear restricciones similares en el uso de SNAP.