En los últimos días, se ha puesto sobre la mesa una propuesta que, de entrada, suena bastante atractiva: un nuevo cheque de estímulo de $5000. Pero este no sería como los anteriores.
No se financiaría con más deuda ni con impresión de dinero, sino con los ahorros generados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una entidad creada para reducir el gasto del gobierno. La idea, impulsada por Elon Musk y respaldada por Donald Trump, ha generado un gran revuelo.
El concepto del «dividendo DOGE» y el cheque de estímulo
Pero, como suele ocurrir con cualquier medida que implique repartir dinero, hay muchas preguntas sin respuesta. ¿De verdad se puede financiar un cheque de estímulo solo con recortes presupuestarios? ¿O es simplemente una jugada política con poco recorrido real?
La base de esta idea es simple: reducir el gasto del gobierno, ahorrar miles de millones de dólares y devolver una parte de ese dinero a los contribuyentes en forma de cheque. James Fishback, CEO de la firma de inversión Azoria, estimó que, si DOGE lograra recortar 2 billones de dólares del presupuesto federal, se podría destinar un 20% a pagos directos a los ciudadanos. Eso significaría unos 5.000 dólares por hogar.
Elon Musk, conocido por su afán de reformar sistemas ineficientes, reaccionó positivamente a esta propuesta en redes sociales y aseguró que hablaría con Trump sobre su viabilidad. Poco después, el expresidente comentó que estaba valorando la posibilidad de destinar el 20% de los ahorros de DOGE a pagos directos y otro 20% a la reducción de la deuda nacional.
¿Cheques de estímulo con letra pequeña?
La idea es atractiva, pero también plantea muchas incógnitas. ¿Cómo se alcanzaría una cifra tan alta en recortes? ¿Cómo se repartiría el dinero? ¿Todos los ciudadanos recibirían la misma cantidad o habría criterios específicos?
A diferencia de los cheques de estímulo anteriores, que se entregaban según ingresos y otras condiciones económicas, esta propuesta tiene un enfoque distinto. Más allá de inyectar dinero en la economía, el plan busca también que los ciudadanos se involucren en la supervisión del gasto público.
Trump ha sugerido incluso que podría implementarse un sistema para que los contribuyentes identifiquen y denuncien gastos innecesarios del gobierno, incentivando la reducción del despilfarro.
Pero la gran duda sigue siendo si realmente se podrán alcanzar los ahorros necesarios para financiar el plan. Hasta el momento, DOGE ha conseguido ahorrar unos 55.000 millones de dólares. Es una cifra considerable, pero queda lejos de los 2 billones que se necesitarían para que el plan fuera viable.
Las dudas en el Congreso y la reacción política ante este potencial Cheque de Estímulo
Cualquier propuesta de esta magnitud necesita pasar por el Congreso. Y ahí es donde empiezan los problemas. Aunque el Partido Republicano tiene mayoría en la Cámara de Representantes, no todos sus miembros están convencidos de que repartir dinero sea la mejor manera de manejar los ahorros del gobierno.
Mike Johnson, presidente de la Cámara, ha sido uno de los primeros en expresar sus dudas. Argumenta que devolver estos ahorros directamente a los ciudadanos podría ir en contra de la disciplina fiscal conservadora. Desde su punto de vista, los recortes deberían usarse para reducir el déficit y fortalecer la economía a largo plazo, en lugar de convertirse en cheques que, aunque populares, podrían no ser la mejor solución estructuralmente.
Además, está la cuestión del impacto en la inflación. Algunos economistas advierten que, aunque este cheque de estímulo no aumentaría la deuda pública ni la oferta monetaria, sí podría generar una subida de precios. Una inyección de dinero masiva en los hogares podría aumentar la demanda de bienes y servicios, lo que a su vez presionaría los precios al alza.
¿Cómo afectaría esto a la economía de Estados Unidos?
Si el plan se implementara, los efectos serían mixtos. Por un lado, los cheques de estímulo han demostrado en el pasado ser una forma efectiva de aumentar el consumo y dar un impulso rápido a la economía. En un momento en el que muchas familias aún sienten el impacto de la inflación, recibir 5.000 dólares podría marcar una gran diferencia. Las pequeñas y medianas empresas también se verían beneficiadas si el dinero extra se gastara en el mercado local.
Sin embargo, el problema es la sostenibilidad. Si bien reducir el gasto gubernamental es una estrategia válida para mejorar la estabilidad financiera del país, la mayoría de los presupuestos estatales tienen partidas difíciles de recortar. Sectores como la Seguridad Social, la defensa y la sanidad representan una parte significativa del gasto y son áreas en las que hacer recortes drásticos generaría una gran oposición.
